Desde REC (Radio Estudiantil Comunitaria) manifestamos nuestro absoluto repudio a los hechos transcurridos durante la madrugada del lunes 4 de julio en la redacción de Tiempo Argentino y Radio América. Una patota de alrededor de veinte personas encapuchadas ingresaron al edificio del Diario Tiempo Argentino y de Radio América, golpeando a trabajadores y destrozando varias instalaciones de los medios.

La policía federal de la Comisaria 31 durante el momento del ataque permaneció en la vereda sin hacer nada, ante el ingreso de los trabajadores al edificio, decidieron ingresar las fuerzas federales para negociar la impunidad de Mariano Martínez Rojas y su banda quienes amenazaron a los trabajadores. En ningún momento la policía recabó información sobre lo ocurrido para llevar adelante una investigación. Cabe resaltar que es responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires el modo en que se llevó a cabo el operativo y también es responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Nación que haya una investigación al respecto.

Lo ocurrido no es la primera vez que pasa, hace un mes por medio de la fuerza se tomó la planta transmisora de Radio América en Villa Soldati y se la sacó del aire. Esto demuestra que los intentos de Martínez Rojas por apropiarse fueron varios y en ningún caso tuvieron una respuesta de las autoridades nacionales para impedirlo. Mariano Martínez Rojas es dueño del grupo M de Luxe y se presentó a fin de año como el comprador del diario y la radio de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel quienes adeudaban varios meses de sueldos. El convenio logrado con el Ministerio de Trabajo para pagar las deudas no fue cumplido por Martínez.

Hace ya dos meses que los trabajadores relanzaron el diario con un formato semanal. La cooperativa “Por más tiempo” hoy da trabajo y ha logrado sostenerse.

La Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos dice que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión". Como también afirma que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada". (Preámbulo número nueve)

Es necesario que el Estado Nacional cumpla con esto, porque el aval institucional a la violencia como forma de resolver los conflictos es un precedente atemorizador y preocupante. Se debe investigar lo que sucedió, no alcanza solamente con los repudios y rechazos que se puedan hacer porque no estamos hablando de una ONG o una organización social sino de un gobierno nacional que con todas sus facultades, tiene el deber de garantizar el ejercicio a la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación.